Industria eléctrica: tremendo cortocircuito
La suspensión indefinida de las subastas eléctricas y la modificación del marco regulatorio del sector eléctrico dejan en claro la intención del gobierno federal: retomar el control y limitar la participación privada. ¿Las consecuencias? Incertidumbre entre inversionistas y afectaciones para próximos proyectos en al menos 18 estados, los cuales representan inversiones por más de 30 000 mdd.
Por: Sergio Castañeda
Continua en la historia
Desliza a la izquierda para continuar
| Nacionalización no, equilibrio sí
La decisión de la suspensión conlleva, entre otras cosas, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reduzca la compra de energía eléctrica a empresas privadas (se dará prioridad a la electricidad que producen las plantas de la Comisión, que hoy se encuentran subutilizadas, sobre todo las hidroeléctricas, que generan electricidad barata y limpia, ya que primero se sube la energía que producen los particulares a la red de transmisión y hasta el final la de CFE), ni se fomentará el desarrollo de proyectos privados de energía limpia, como la eólica y la solar.
Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado una y otra vez que no se trata de una nacionalización, que no se modificará la Reforma Energética y que se respetarán los contratos con los privados, también dejó en claro que se buscará un equilibrio para que la CFE tenga las mismas condiciones que tienen los particulares.
Víctor Rodríguez Padilla, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y especialista en economía de la energía, dijo en un foro organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) que el objetivo del gobierno es frenar la industria energética privada que se venía construyendo desde el sexenio de Vicente Fox y que se mantuvo en las administraciones de Calderón y Peña Nieto.
La nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México.
| Ponen orden
¿Qué significa esto? Que la CFE se quede con 54% del mercado eléctrico y los generadores privados con 46%, según expresó el director de la paraestatal, Manuel Bartlet, durante una comparecencia ante diputados en octubre pasado. “Hemos encontrado que sin reformar la ley, sin reformar la Constitución, podemos hacer muy bien lo que el presidente nos ha ordenado: recuperar la CFE. El presidente López Obrador nos dio instrucciones muy sencillas: nos ordenó a mí y a mis compañeros rescatar la CFE”.
¿Y cómo lo piensan hacer? A través de una serie de acciones, como la cancelación en enero del año pasado de la licitación de una línea de transmisión directa de alto voltaje que iría de Ixtepec (Oaxaca) a Yautepec (Morelos). Este proyecto desahogaría la energía eólica producida en el Istmo de Tehuantepec.
Ese mismo mes, la CFE cancelaría también la licitación para construir el proyecto de Interconexión del Sistema Eléctrico de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional, que conectaría el sistema aislado de la península con el resto del país y que desfogaría la energía eólica producida en el estado.
Nueve meses después, la Secretaría de Energía (Sener) modificaría las reglas de operación del mercado de Certificados de Energía Limpia (CEL), lo que permitiría que la CFE participara con sus centrales de generación limpias anteriores a 2014 (antes solo intervenían generadores limpios con centrales nuevas).
En febrero de este año, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) frenaría la inclusión de nuevos socios para las centrales eléctricas que se construyeron antes de la Reforma Energética de 2014, lo que afectaría los proyectos de energía eólica de antes de ese año.
En mayo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dejó de recibir ofertas de despacho eléctrico de las centrales de generación renovable, para mantener la confiabilidad del sistema en medio de la pandemia de la COVID-19; y la Sener publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que da prioridad a las fuentes confiables de energía sobre las renovables, como la eólica y solar, beneficiando a la CFE.
La incertidumbre generada con los cambios en el sector es muy grave, pues se ha dejado de ver a México como un mercado atractivo para invertir en proyectos eólicos y solares, al menos en el corto plazo.
| La puntilla
Ese mismo mes, la CRE aprobó el cobro de tarifas por el servicio de transmisión de energía eléctrica a empresas con contratos firmados con la CFE antes de la Reforma Energética de 2014, fueran renovables o no.
Y es que, de acuerdo con la CRE, los cargos por porteo no reflejaban los costos justos y proporcionales por la prestación del servicio, lo que provocaba condiciones de competencia inequitativa en el mercado y que los usuarios finales pagaran el déficit que se genera debido al diferencial del costo de porteo definido en los Contratos de Interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
López Obrador explicaría más tarde el por qué de esta decisión: “Se había llegado al extremo de que tenían más privilegios estas empresas particulares que le venden energía eléctrica a la CFE que la propia Comisión. Había todo un plan para arruinar a la CFE”. ¿Y cuál era el beneficio para el pueblo? Que me digan con esas reformas que hicieron, si bajaron el precio de la luz; al contrario, cada vez lo aumentaban más. Ahora estamos poniendo orden con ese propósito”.
El primer mandatario arremetió en contra de la española Iberdrola, a la que acusó de ser una de las más beneficiadas del gran negocio de cobrar a precios elevadísimos la energía eléctrica. “¿Saben cuántas plantas de generación tiene? 26, domina casi la mitad del mercado de la energía privada en el país”. Y sentenció: “Que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos: México no es tierra de conquista, no van a venir a saquear, se acabó eso. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos”.
Tras los ataques del presidente López Obrador, Iberdrola habría decidido cancelar la construcción de una central de generación de ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz. En 2019, la firma española anunció la inversión de 5,000 mdd en nuevas centrales de generación, tanto a gas como renovables, durante el periodo 2019-2024.
| Lluvia de amparos
Si el gobierno pensaba que los privados aceptarían estos cambios sin presentar ninguna resistencia, estaba muy equivocado. Hasta el cierre de esta edición, 72 empresas y organizaciones civiles, sobre todo ambientalistas, se habían amparado en contra de la Política de Confiabilidad.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó que dicho instrumento es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano, ya que la Sener usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.
“Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30,000 millones de dólares (mdd)”, sostuvo el organismo empresarial.
Por su parte, la Concamin indicó que este nuevo intento de consolidar a la CFE como monopolio absoluto en materia eléctrica impactará negativamente en las tarifas que pagan los consumidores. “También los proyectos de Centrales Eléctricas que la Sener considere estratégicos –entiéndase los de la CFE– tendrán preferencia en la interconexión a la red frente a los proyectos privados, generando una fuerte incertidumbre entre los inversores y privando a los consumidores de alternativas más competitivas en precio y calidad”.
Julio Valle Pereña, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), dijo que la incertidumbre generada con estos cambios es muy grave, pues se ha dejado de ver a México como un mercado atractivo para invertir en proyectos eólicos y solares, al menos en el corto plazo. “Si bien todavía hay proyectos en construcción este año y para 2021, también hay un plan definido de proyectos. Hace muchos meses ninguna empresa ha tomado nuevas decisiones de inversión. No quieren correr un riesgo innecesario; prefieren llevar el dinero a otro lado para que genere valor”.
Y para muestra un botón. Tras los ataques del presidente López Obrador, Iberdrola habría cancelado la construcción de una planta de energía eléctrica de ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz, en la que invertiría 1,200 mdd; noticia que confirmó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en su cuenta de Twitter, el pasado 24 de junio, en donde informó que Rocío Nahle, secretaría de Energía, le había confirmado que el proyecto se mantenía, pero que ahora era de la CFE y que la paraestatal licitaría su construcción a privados.
Pero esta telenovela está lejos de terminar, pues el pasado 29 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió todos los efectos y consecuencias de la nueva política energética. “Con esta decisión, la SCJN devuelve la confianza a las inversiones de la iniciativa privada, especialmente al sector de energías renovables, y acota las intenciones del gobierno de regresar al monopolio a la CFE”, sostuvo la Coparmex.
Un día después vendría la respuesta del gobierno. En su conferencia matutina, el presidente dijo que hablarían con las empresas que se ampararon; pero al mismo tiempo dio instrucciones para elaborar las denuncias correspondientes en contra de los funcionarios y las empresas que defraudaron a la CFE.
Se requieren alrededor de 5,000 mdd en inversiones para resolver los problemas en la red eléctrica.
| Una red en problemas
La nueva estrategia energética del gobierno va más allá de lo político, de la pérdida de mercado y de mantener el control del sector. Para Rodríguez Padilla, de la UNAM, existe también un problema técnico: la red eléctrica no tiene capacidad para aguantar la energía que generan los privados y el gobierno no cuenta con recursos para aumentar la capacidad de la red; de ahí que al gobierno no le importen las inversiones privadas que se pierdan.
“Se dejó de invertir; no se preparó el sistema para la apertura y la entrada masiva de energías renovables (la mayoría entró el año pasado, producto de las subastas). Hoy, se requieren alrededor de 5,000 mdd en inversiones para resolver los problemas, para atender los congestionamientos, pero no hay dinero y el gobierno va a aguantar hasta donde se pueda”, explicó el investigador.
De no llegar a acuerdos, aumentarán los problemas en la red y en el sistema eléctrico, pues la demanda sigue creciendo, año con año, a tasas del 2.8% anual.
“El gobierno tiene que hacer frente a una gran cantidad de gastos importantes y su capacidad de endeudamiento e inversión es limitada; entonces hay una oportunidad muy importante para la iniciativa privada de poder ayudar a la CFE, al país, de llenar estos huecos que están abiertos”, asegura Oscar Escolari, director general de Rengen Energy, empresa mexicana que ha trabajado con Pemex y CFE, y que actualmente construye un parque solar privado en Chihuahua, el cual tendrá una capacidad de 90 megawatts (MW), con posibilidad de crecer a 180 MW, en el que se invertirán 60 mdd. AN